El casero como enemigo
El 89% de los propietarios son particulares. Apenas el 11, fondos buitre. Ergo, lo de los buitres es fachada, porque la mayoría de los arrendadores son personas individuales
Hay que presumir que el PNV va a votar a favor de, al menos, el primero de los dos decretos que han de ser convalidados mañana. También lo hará previsiblemente Junts. Pero ambos quisieron dejar ayer claro al Gobierno que la manera en que Sánchez ha procedido no puede ser más improvisada y chapucera. En realidad, ha sido así en la inmensa mayoría de los casos a lo largo de la legislatura. Sólo que esta vez el Ejecutivo toca la fibra de buena parte de los votantes de sendos partidos, muchos de ellos pequeños propietarios a los que los decretos afectan de lleno. La peneuvista Maribel Vaquero lo dijo claro: la obligación de proteger los derechos de los inquilinos, de manera muy especial los vulnerables, no puede significar que se persiga a los caseros. «El propietario no es el enemigo», dijo con razón la vasca, en mensaje dirigido a esa izquierda empeñada en convertir al arrendador, por la vía de los hechos, en poseedor in aeternum de la vivienda que alquila.
Ese planteamiento extremo es el que va a hacer que previsiblemente el segundo de los decretos, articulado por Sumar, pueda ser tumbado en el Congreso mañana. O sea, el que consagra la prórroga automática de los alquileres, imponiendo unas condiciones leoninas a los dueños para poder recuperar el uso de sus propiedades al acabar los contratos. La verdad es que ni siquiera al PSOE le gusta ese planteamiento, motivo por el que decidió remitirlo a un segundo decreto, con escasos visos de prosperar. Haciendo una trampa evidente: lo publica en el BOE un día después que el otro, y uno antes de su debate, con la idea de que no exista marco temporal para que pueda entrar en vigor, de manera que nadie se acoja a él, dado que tal cosa equivaldría a prorrogar automáticamente el alquiler por hasta 7 años, y la amenaza de tener que indemnizar con la cuantía de 12 meses al inquilino si no se prorroga. El Gobierno lo ha resuelto con ingeniería política, aparentando que todo se hace por socorrer a Maricarmen y solventar el problema de la vivienda.
Lo de Maricarmen ya se ha encargado de arreglarlo el alcalde de Madrid, sin necesidad de que intervenga Sánchez. Y el problema de la vivienda en España no se va a enderezar ni con el segundo ni con el primero de los decretos. En 8 años no han hecho más que empeorar las cosas. Era la preocupación 16 cuando se fue Rajoy y ahora es la primera. No se ha construido vivienda pública ni se ha sacado adelante ninguno de los numerosos planes anunciados cada vez que había elecciones. Vivir hoy de alquiler es un 45 por ciento más caro. Comprar una casa, un 70. Datos del Banco de España. El 89 por ciento de los propietarios son particulares. Apenas el 11, fondos buitre. Ergo, lo de los buitres es fachada, porque la mayoría de los arrendadores son personas individuales. Si se castiga al casero, el resultado es previsible: no alquilará su propiedad. La dejará en stand-bye y listo. Mejor eso que perderla de facto. Ese es el motivo por el que han desaparecido 300 mil viviendas de alquiler en este país desde que gobierna Sánchez. Y el otro es que nuestro presidente, después de mucho hablar, no ha hecho ni un solo plan de vivienda pública.
La vivienda social debería ser solución. Las VPO de toda la vida, que ahora escasean. Si en vez de construir pisos de titularidad pública para las personas vulnerables, nos dedicamos a recurrir a al discurso fácil de perseguir al propietario, tratándolo como enemigo, el resultado es el que tenemos hoy en España.